El pasado jueves asistimos nuevamente a otro espectáculo incomprensible por parte de la oposición de este pueblo, una última vuelta de tuerca al ahogo al que están sometiendo el normal funcionamiento de Moralzarzal.
Han utilizado, de una manera esperpéntica
y quizás no legal, el último recurso que les quedaba para bloquear y
retrasar la aprobación final de unos presupuestos para 2022 que ya estaban
provisionalmente aprobados, mediante la presentación de unas alegaciones
“sobre el procedimiento”, no sobre el fondo presupuestario.
Por ponernos en contexto, y para el cabal conocimiento de los vecinos, para la aprobación de estos presupuestos, desde el Equipo de gobierno se intentó llegar a acuerdos con quien presentó propuestas realistas y viables dentro de nuestros medios económicos, el PSOE, pero pese a que se aceptó incluir el 85% de sus propuestas decidieron que no iban a apoyar los presupuestos por lo que no hubo acuerdo y no salieron aprobados.
Se llevaron entonces una segunda vez, a través de una cuestión de confianza, herramienta que la ley pone al servicio de las Corporaciones para salvar situaciones de bloqueo a las que a veces son sometidas. Esto es sencillo, se propone al pleno que elija a otro Alcalde, a través de una Moción de Censura, para que gobierne Moralzarzal y si no que permitan al actual ejecutar los presupuestos imprescindibles para nuestro pueblo.
En este pleno los concejales de la oposición no dieron la confianza y se abrió un plazo de 1 mes para que presentaran a otro Alcalde. Dejaron pasar el mes pero no llegó la propuesta de un nuevo alcalde o alcaldesa.
En este momento quedaron aprobados los
presupuestos de forma provisional y es entonces cuando se abre el plazo
de alegaciones que, conforme a Ley, sólo se pueden presentar ante supuestos de
incumplimiento de las normas legales para su elaboración, pero no sobre el
contenido “político” del mismo.
Por dejar clara la situación, el procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos ha seguido todos los tramites que exige la Ley, contando con los informes favorables de los funcionarios que tienen dicho cometido y que en todo momento han supervisado, tutelado y avalado dicho procedimiento.
En este punto MEC presentó, como en
anteriores ocasiones que fueron desestimadas, alegaciones al procedimiento. Alegaron
que, desde su punto de vista e interpretación del contenido de las diversas
leyes que regulan este proceso presupuestario, no se habían utilizado los
“criterios máximos” de comunicación y participación posibles y se había optado
por “los criterios mínimos permitidos” lo que según ellos invalidaba el proceso.
Todo ello, dando a su argumentación
y criterio prevalencia sobre el contenido de los informes emitidos por los
habilitados nacionales, que estiman correcto el proceso seguido.
Pese a todo ello, hemos visto con
sorpresa como en el pleno los grupos del PP, PSOE, MEC y la concejala
tránsfuga Susana Villareal, no atendiendo a lo expresado en los informes de
los funcionarios han admitido las alegaciones dejando paralizada la posibilidad
de ejecutar el presupuesto.
Excepto MEC que sí defendió sus
argumentos, el resto de los que votaron a favor de aceptar las alegaciones se
limitó a dar sus opiniones políticas acerca del presupuesto sin entrar en lo
que se supone se estaba votando, que era si se había cumplido legalmente o no
la normativa en todo el proceso.
Lo que no ha conseguido la oposición
por los cauces normales lo han logrado utilizando unos criterios valorativos
existentes dentro de una normativa que no está para eso. Veremos si esta manera
de actuar no trae consecuencias para quienes, en un tema puramente técnico,
han votado con criterios políticos y sin ningún tipo de respaldo legal en
contra los informes de los habilitados nacionales, Secretario e Interventor.
Pero eso da igual, no tienen rubor
alguno en utilizar con fines políticos una herramienta pensada para la
salvaguarda de la legalidad, no del “cumplimiento máximo del procedimiento”,
y lograr así lo que no han podido realizar en el momento adecuado, es decir
tumbar los presupuestos.
¿Y qué implica esto? Pues que
quizás, ya se verá, habría que comenzar de nuevo con el proceso de
elaboración y aprobación de los presupuestos.
Creen haberlo conseguido y saben que
comenzar ahora con un nuevo proyecto de presupuestos llevaría a tenerlos
aprobados en octubre o noviembre, si es que finalmente se aprueban que, visto
lo visto, es altamente improbable. Y
quedarían uno o dos meses para ejecutarlo. Suena a chiste y de los malos.
Para tranquilidad de los vecinos
indicar que no se está sin presupuesto, ahora mismo tenemos el
prorrogado de 2021 para cubrir las necesidades inmediatas y aquellas otras
ineludibles en este año, como por ejemplo la subida legal del 2% del salario
de los trabajadores municipales, el aumento del canon por llevar la basura al
vertedero, o el mayor costo en otros servicios por la inflación; no
obstante, estos ajustes inevitablemente reducirán en otras áreas las actuaciones
que en años anteriores fueron llevadas a cabo.
El presupuesto de 2022, provisionalmente aprobado, también recogía otras partidas, que en esta situación no se van a poder llevar a cabo como los presupuestos participativos aprobados, o el nuevo contrato de basuras y limpieza viaria, así como la cobertura de multitud de partidas presupuestarias que suben por el simple aumento del coste de los servicios.
En resumen, los perjudicados todos los vecinos de Moralzarzal.
EN ENTRADA APARTE SE DETALLAN LAS
ACTUACIONES QUE NO SERAN POSIBLES REALIZAR AL NO HABER SIDO APROBADOS DEFINITIVAMENTE
los presupuestos confeccionados por el Equipo de Gobierno para 2022.
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