Cuando se decide “privatizar” un servicio que puede ser
municipal, se lleva a cabo con todas sus
consecuencias.
Si el ejecutivo anterior (PP) decidió en su día
privatizar la gestión de la “Casita de Niños”, sabía que no estaba
concediendo “sine die” una sinecura a simpatizantes, allegados o afiliados;
y éstos deberían conocer que
estarían en competencia cada vez que finalizara el plazo de concesión.
Por tanto, una vez tomada la decisión hay que respetar escrupulosamente todos
los condicionantes que dicha privatización implica.
Ello conlleva:
que existen pliegos de concursos; que hay que valorar y puntuar objetivamente cada uno de los parámetros considerados en los
mismos; que los contratos de adjudicación se hacen por tiempo limitado; que una
vez cumplido el plazo se convoca nuevo concurso, con similares parámetros
valorativos; que hay que dar entrada a cualquier opción que se presente
cumpliendo el condicionado; y sobre todo
que cuando existe justa y leal competencia y la valoración es objetiva, el
resultado final es el que es, no el que quiere quien convoca.
Para esto
último no es necesaria la “privatización”, valdría simplemente la gestión
directa, aunque pudiera caerse en el “nepotismo”. Querer llegar, por tanto,
a ese resultado obviando la normativa también tiene un nombre: “prevaricación”.
No se sabe que ocurrió anteriormente, pero nada de
esto ha cabido en el actual proceso.
Por otra parte, cuando existen subvenciones de otras Instituciones, como en este
caso de la Comunidad de Madrid, ellas también tienen la potestad de poder
valorar y decidir la oferta más favorable; así
ha sido llevado a cabo en este momento.
A la vista de todo ello y terminado el último plazo
de concesión, hoy se ha celebrado la
mesa de contratación pública, para un nuevo período; el pliego tenía unas
determinaciones técnicas, las ofertas
han sido valoradas mediante informe de
la Comunidad de Madrid y ésta Institución es quien ha decidido la
adjudicación en virtud de dichas
premisas y de las mejoras ofrecidas.
Todas las informaciones
sesgadas que sobre este asunto se están vertiendo en RRSS, sin tener en
cuenta este proceso legal, normalizado y totalmente objetivo, solo puede ser
considerado como un cúmulo de bulos
malintencionados, con ánimo de desinformar,
enrarecer el ambiente de nuestra localidad, e intentar perjudicar de forma torticera la gestión del Aytº.
Respetando el sentimiento afectivo y de
reconocimiento hacia las educadoras que no han resultado favorecidas, realizado
de buena fe por algunos padres interesados, es adecuado informarles, para su tranquilidad, que existe la obligatoreidad de subcontratar a las trabajadores que
ahora prestan el servicio, por parte de la empresa adjudicataria.
Veremos que tratamiento da al asunto el panfleto opositor. Estaremos atentos.
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